Las big techs critican el PL 4675/2025 de Brasil y hablan de inseguridad jurídica en la regulación digital

La Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI), que reúne a empresas como Google, Meta, X, Discord y Amazon, publicó un nuevo análisis crítico del proyecto de ley que regula la competencia digital en Brasil, el PL n.º 4.675/2025. El análisis fue difundido el 3 de noviembre de 2026 por Mercado&Consumo, con información de Estadão Conteúdo.

Enviado por el Poder Ejecutivo a la Cámara de Diputados en septiembre de 2025, el proyecto se tramita en régimen de urgencia. El texto modifica la Ley de Defensa de la Competencia, de 2011, para autorizar al Consejo Administrativo de Defensa Económica (Cade) a designar agentes económicos de relevancia sistémica en los mercados digitales e imponerles obligaciones especiales, con la creación de una superintendencia específica para el tema. El 8 de julio, el relator, diputado Aliel Machado (PV-PR), presentó un texto sustitutivo con cambios respecto del original.

Según la ALAI, el nuevo escenario político tras las elecciones abre una ventana para que el proyecto avance aún este año, una valoración de la propia entidad, no un hecho consumado sobre la tramitación. Geekiki ya había informado, el 31 de octubre, la expectativa de una votación antes de diciembre.

Las críticas de la ALAI

Entre las críticas, la asociación señala inseguridad jurídica en los criterios de designación: aunque el sustitutivo adoptó una lista cerrada de criterios cualitativos, la ALAI afirma que los conceptos siguen abiertos a la interpretación y que la definición quedó, en gran parte, delegada a la propia autoridad reguladora. También considera largo el plazo de designación, reducido de diez a seis años, y advierte que las obligaciones pueden ampliarse con el tiempo, sin garantía de proporcionalidad.

La ALAI sostiene además que el proyecto puede restringir prácticas comerciales legítimas, como la integración de servicios y los programas de fidelidad, sin exigir la prueba de un daño efectivo a la competencia, y que los costos de cumplimiento tienden a trasladarse, al menos en parte, a consumidores y pequeños negocios. En un estudio presentado a principios de año, la entidad estimó costos regulatorios de entre R$ 2.700 millones y R$ 11.340 millones en diez años.

Qué prevé el proyecto

El proyecto se inspiró en marcos de la Unión Europea (DMA) y del Reino Unido (DMCC) y prevé supervisar a empresas de tecnología con facturación superior a R$ 5.000 millones en Brasil o R$ 50.000 millones en el mundo. La ALAI argumenta que el texto brasileño no adoptó ni el modelo europeo, con lista cerrada de servicios y límites cuantitativos, ni el británico, que exige demostrar poder de mercado en una investigación específica, y afirma que Brasil estaría importando un modelo que sus propios impulsores ya están reconsiderando. Son posiciones de la entidad; el proyecto sigue en debate en el Congreso.

Crédito de la imagen: Fachada del Congreso Nacional, en Brasilia. Foto: Leonardo Sá/Agência Senado, vía Wikimedia Commons.

Fuentes:

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